Los Cristeros (aclarando para estar enterados al ver la peli)
La Guerra Cristera (también conocida como Guerra de los Cristeros o Cristiada) en México consistió en un conflicto armado que se prolongó desde 1926 a 1929, entre el gobierno de Plutarco Elías Calles y milicias de laicos, presbíteros y religiosos católicos que resintieron la aplicación de legislación y políticas públicas orientadas a restringir la autonomía de la Iglesia católica.
La original Constitución mexicana de 1917 establecía una política que lejos de separar al Estado de la Iglesia, negaba la personalidad jurídica a las iglesias, subordinaba a éstas a fuertes controles por parte del Estado, prohibía la participación del clero en política, privaba a las iglesias de su derecho a poseer bienes raíces, desconocía derechos básicos de los así llamados "ministros del culto" e impedía el culto público fuera de los templos. Algunas estimaciones ubican el número de personas muertas en un máximo de 250 mil, entre civiles, efectivos de las fuerzas cristeras y del Ejército Mexicano.
En 1926, el presidente Plutarco Elias Calles,general revolucionario, promovió la reglamentación del artículo 130 de la Constitución a fin de contar con instrumentos más precisos para ejercer los severos controles que la Constitución de 1917 estableció como parte del modelo de sujeción de las iglesias al Estado aprobado por los constituyentes. Estos instrumentos buscaban limitar o suprimir la participación de las iglesias en general en la vida pública, pero dadas algunas características de la legislación, como el hecho que se obligaba a los ministros de culto a casarse y se prohibía la existencia de comunidades religiosas es posible afirmar que tenían un claro sesgo anti-católico por ser esta confesión la única que en México cuenta con ministros solteros y con comunidades en las que personas deciden convivir.
La ley reglamentaria del 130 constitucional facultaba, siguiendo el dictado de la Constitución, a los gobernadores de los estados de la República a imponer cuotas y requisitos especiales a los "ministros del culto". Tal fue el caso de los gobernadores más radicales, como Tomás Garrido Canabal del estado de Tabasco quien decretó normas que iban incluso más lejos, pues obligaban a los "ministros del culto" a casarse para poder oficiar, mientras que en estados como Chihuahua se pretendió forzar a la Iglesia católica a operar con un número mínimo de presbíteros, mientras que en Tamaulipas se prohibió oficiar a los sacerdotes extranjeros.
Es de 1925, con apoyo de la CROM se creó la Iglesia Católica Nacional Mexicana, dotándola de edificios, recursos y medios para romper con El Vaticano. Confrontada con esta situación, la Iglesia intentó reunir dos millones de firmas para proponer una reforma constitucional. La petición de los católicos mexicanos fue rechazada. Los católicos llamaron y realizaron un boicot para no pagar impuestos, minimizar el consumo de productos comercializados por el gobierno, no comprar billetes de la Lotería Nacional, ni utilizar vehículos a fin de no comprar gasolina. Esto causó severos daños a la economía nacional, al tiempo que sirvió para que las posiciones de distintos grupos dentro de la propia Iglesia católica en México se radicalizaran.
Los Cristeros
La radicalización hizo que en zonas de los estados de Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Michoacán y parte de Zacatecas, en la Ciudad de México, y en la península de Yucatán creciera un movimiento social que reivindicaba los derechos de libertad de culto en México. La dirigencia del movimiento, cercana pero autónoma respecto de los obispos mexicanos, creyó viable una salida militar al conflicto. En enero de 1927, empezó el acopio de armas; las primeras guerrillas estuvieron compuestas por campesinos. El apoyo a los grupos armados fue creciendo, cada vez se unían más personas a las proclamas de ¡Viva Cristo Rey! y ¡Viva Santa María de Guadalupe! lanzadas por quienes fueron conocidos como los cristeros.
El origen del sustantivo cristero es disputado. Hay quienes consideran que fueron ellos mismos quienes utilizaron el nombre primero para identificarse, pero hay investigadores del fenómeno, como Jean Meyer, quienes consideran que, en sus orígenes, era una expresión despectiva, usada por agentes del gobierno federal, derivada de cristiano.
En todo caso, los que se conocían como cristeros fueron capaces de articular rápidamente una serie de descontentos locales con las consecuencias de la Revolución Mexicana, así como de aglutinar en torno suyo a grupos que, por distintas razones, se oponían a lo que ya para entonces se conocía como el "Grupo Sonora", nombre creado por el origen sonorense de los presidentes Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. No sólo eso, la Cristiada, como también se le conoce, logró un uso muy eficaz de símbolos religiosos profundamente arraigados en las prácticas colectivas en México. Este uso de símbolos como la Virgen de Guadalupe unen, por cierto, a grupos tan disímiles en la historia de México como los primeros insurgentes encabezados por Miguel Hidalgo y Costilla o el líder revolucionario Emiliano Zapata
La Guerra
Los alzamientos comenzaron en Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán por el año 1926, luego se sumó casi la totalidad del centro del país. El conflicto tuvo un carácter fundamentalmente rural aunque la dirección de la Liga fue eminentemente urbana. Los cálculos más optimistas consideran que hacia 1927, las fuerzas cristeras rondaban los 12 000 efectivos y dos años después, en 1929, habían alcanzado los 20 000. Semejantes números son dignos de consideración por varias razones. En primer lugar, los obispos mexicanos, con muy contadas excepciones se distanciaron rápidamente del movimiento armado, desconocieron a la Liga y trataron de negociar la paz con el gobierno de Calles con la mediación del gobierno de Estados Unidos.
En segundo lugar, porque México recién había superado un prolongado y muy costoso conflicto armado que ensagrentó durante poco más de siete años buena parte del país. No sólo eso, los cristeros eran un ejército irregular (a pesar de que contaron con algunos militares de carrera en sus filas), que no esperaban recibir pago y que no contaban con mecanismos formales de aprovisionamiento, reclutamiento, entrenamiento, atención a sus heridos o cuidado de los deudos. A diferencia de otros grupos armados en la historia de México no practicaron la así llamada "leva" (una práctica por la que se obliga a personas a sumarse a un ejército). Finalmente, a diferencia muchos grupos armados durante la revolución y antes durante el siglo XIX, el mercado estadounidense de armas estuvo--al menos formalmente--cerrado para este grupo, por lo que no pudieron adquirir armas o municiones y debían depender de armamento anticuado (mucho de él excedentes de la Revolución de 1910-1917) y operar con muy escasa munición.
En 1928, luego de una tortuosa reforma de la Constitución de 1917 y a pesar de que la Revolución mexicana había iniciado al grito de "sufragio efectivo, no reelección", el ex presidente Álvaro Obregón contendió como candidato virtualmente único en las elecciones presidenciales. El Grupo Sonora, se pensaba en ese entonces, repetiría la fórmula seguida 40 años antes por el grupo Oaxaca, encabezado por Porfirio Díaz, para reformar paulatinamente la Constitución. Se decía, sin embargo, que Obregón--a diferencia de Calles--no tenía interés en continuar con el conflicto, por lo que llegaría a un acuerdo para acabar con la guerra. Obregón, sin embargo fue asesinado por José de León Toral en el restaurante "La Bombilla" en el Distrito Federal. Obregón había acudido ahí a participar de un desayuno ofrecido por los legisladores del bloque parlamentario que le apoyaba.
Las negociaciones
Al llegar a la presidencia interina Emilio Portes Gil, comenzó una larga negociación, en la que participó como mediador, el recién llegado embajador estadounidense Dwight Morrow. Por su parte, la Santa Sede designó al todavía Obispo de Tabasco Pascual Díaz Barreto, como secretario del Comité Episcopal nombrándolo "intermediario oficial" para solucionar el conflicto Iglesia-Estado, a pesar de provenir de una diócesis pequeña, marginada y muy golpeada por los excesos de los gobiernos federal y estatal en la aplicación de las leyes en materia de relaciones Estado-Iglesia. Junto con el delegado apostólico Señor Leopoldo Ruiz y Flores, se entrevistaron con el presidente, Lic. Emilio Portes Gil, para llegar a un acuerdo el 21 de junio de 1929 sobre la cuestión religiosa.
Se logró un acuerdo de amnistía general para todos los levantados en armas que quisieran rendirse. Se acordó devolver las casas curales y episcopales, y evitar mayores confrontaciones en lo sucesivo. Sin embargo, para ese entonces existía una profunda división en el seno de Iglesia en México. La fractura afectaba desde la cúpula episcopal hasta los laicos. Entre los obispos, la mayoría estaba a favor de un acuerdo con el gobierno, pero habían tres, muy combativos, opuestos al acuerdo. El más decidido de los obispos en contra del acuerdo fue monseñor Leopoldo Lara y Torres, obispo de Tacámbaro en Michoacán. En el otro extremo, presionando para que se lograra un acuerdo con el gobierno, se encontraban los obispos de la Ciudad de México José Mora y del Río y de Tabasco Pascual Díaz Barreto S.J.
Más importantes, acaso, que las divisiones fueron las consecuencias que el conflicto y el desempeño de los laicos católicos vinculados a la Liga tuvieron para marcar el futuro de las relaciones entre laicos y obispos en el seno de la Iglesia católica en México. Como consecuencia de la ruptura entre la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa y los obispos mexicanos, estos últimos desarrollaron una política de creciente centralización y control de las actividades de los laicos católicos mexicanos por medio de la Acción Católica Mexicana.
En todo caso, la Liga y la mayoría de los efectivos de los ejércitos cristeros no aceptaron el acuerdo, así que estimaciones de personajes cercanos a la Liga señalan que de unas 50 mil personas involucradas directa o indirectamente en las acciones militares, sólo 14 mil depusieron las armas, aunque estas cifras han sido motivo de debate.
Fin del conflicto
Bajo la fuerte presión del gobierno de Estados Unidos, que a su vez respondía a las peticiones repetidas de obispos y laicos católicos en ese país, el presidente Portes Gil anunció que la Iglesia católica se sometería a la ley sin que la Constitución sufriera alguna modificación. A partir de ese momento , sin embargo, el país entró en lo que investigadores de la relación Iglesia-Estado en México han calificado como un periodo de "relaciones nicodémicas", en referencia a Nicodemo, el fariseo que se acercaba a Jesús de noche (de ahí el término nicodemo, "el que viene de noche"). Otros calificaron a este periodo, que se extendería hasta 1992, como un "modus vivendi", un modo de vivir, en el que el Estado renunciaba a la aplicación de la ley y la Iglesia renunciaba a exigir sus derechos. Estas relaciones nicodémicas o modus vivendi debieron enfrentar, sin embargo un severo momento de prueba cuando Calles, presionado por los efectos devastadores de la crisis de 1929 pronunció el así llamado Grito de Guadalajara.
En ese Grito, 21 de julio de 1934, Calles--en su oficiosa condición de "jefe máximo de la Revolución mexicana"--hacía un llamado para que Revolución, triunfante en lo militar, se trasladara a partir de ese momento al ámbito de la conciencia, de la educación y, de manera más específica, de la educación de los niños. El Grito de Guadalajara marcó el inicio de una serie de reformas al sistema educativo mexicano que culminaron con el proyecto de la así llamada "educación socialista".
Las tensiones creadas por el Grito fueron de tales dimensiones que, una vez más, se organizaron una serie de movilizaciones que, por su magnitud son conocidas como "La Segunda", es decir, la segunda cristiada, aunque en esta ocasión no hubo fracturas en el seno del episcopado.
No sólo eso. Desde Roma, el Papa Pío XI, consternado ante lo que parecía el inicio de un nuevo ciclo de violencia en México, publicó la encíclica Acerba Animi en septiembre de 1932. Acerba Animi[1] pertenece, junto con Non abbiamo bisogno (junio de 1931), Mit Brennender Sorge (Con viva preocupación)dependiendo de lo dicho anterior mente en marzo de 1937, y Nos es muy conocida de marzo de 1937 a un muy reducido número de encíclicas dedicadas a criticar las políticas de los gobiernos de México (Acerba Animi y Nos es muy conocida[2]), de la Alemania Nazi (Con viva preocupación[3]), y de la Italia de Mussolini (Non abbiamo bisogno[4]), especialmente por las políticas anti-católicas desarrolladas durante este periodo por los gobiernos de esos tres países.
En 1925, con apoyo de la CROM se creó la Iglesia Católica Nacional Mexicana, dotándola de edificios, recursos y medios para romper con El Vaticano. Confrontada con esta situación, la Iglesia intentó reunir dos millones de firmas para proponer una reforma constitucional. La petición de los católicos mexicanos fue rechazada. Los católicos llamaron y realizaron un boicot para no pagar impuestos, minimizar el consumo de productos comercializados por el gobierno, no comprar billetes de la Lotería Nacional, ni utilizar vehículos a fin de no comprar gasolina. Esto causó severos daños a la economía nacional, al tiempo que sirvió para que las posiciones de distintos grupos dentro de la propia Iglesia católica en México se radicalizaran.
El modus vivendi
A pesar de las tensiones generadas por el Grito de Guadalajara, el gobierno mexicano contribuyó a esta fórmula de relaciones nicodémicas decidiéndose a no aplicar la legislación en materia de cultos, a moderar las reformas en materia educativa (la así llamada "educación socialista" era un lejano recuerdo ya para finales de la década de los cuarenta), pero sobre todo a centralizar, una vez más en la figura del presidente, el manejo de la relación con la Iglesia, con lo que se evitaban nuevos episodios de radicalización a cargo de gobernadores como sucedió en Tabasco con Tomás Garrido Canabal.
Esta decisión fue correspondida por la Iglesia. Los obispos mexicanos "ungieron" al arzobispo de México como interlocutor oficioso con las autoridades federales (los obispos del país no se pronunciarían en materias de política nacional, dejando cualquier opinión en manos del arzobispo de México). No sólo eso, México fue uno de los pocos países del mundo en el que el delegado apostólico fue un obispo del propio país. Esto fue así en el periodo 1927-1951. Durante este tiempo, la representación de la Santa Sede en México fue ejercida sucesivamente por los arzobispos Pascual Díaz Barreto (de la ciudad de México de 1929 a 1936), Leopoldo Ruiz y Flores (de Morelia de 1936 a 1941) y Luis María Martínez (de la ciudad de México de 1941 a 1951).
Al hacerlo así, se constituyó en México lo que distintos analistas de las relaciones Estado-Iglesia han calificado como un modus vivendi, un "modo de vivir" entre las autoridades civiles que optaban por no aplicar las leyes y las autoridades religiosas que decidieron no disputar de manera pública las condiciones que les habían sido impuestas.
Durante este periodo, las relaciones Iglesia-Estado en México oscilaron de buenas con Manuel Ávila Camacho, el primer presidente en mucho tiempo en declararse públicamente como católico, a excelentes con Miguel Alemán (monseñor Luis María Martínez se convirtió en una figura omnipresente en las giras y actividades públicas del presidente veracruzano), a ser de colaboración con Adolfo López Mateos (quien logró que en su campaña presidencial de 1958 un sacerdote en el de Zacatecas--Antonio Quintanar, párroco de Tlaltenango--pronunciara, a pesar del artículo 130, un discurso apoyando su candidatura el 1 de febrero de ese año), a tensas con Luis Echeverría Álvarez y finalmente a insostenibles con José López Portillo, quien debió asistir--acaso sin reconocerlo--a los "funerales públicos" del modus vivendi y la legislación entonces vigente en México. Lo que es más, los "funerales" fueron presididos por el entonces recién electo Papa Juan Pablo II.
Juan Pablo II acudió a México, en enero de 1979, a inaugurar la tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla, México. Sin embargo, su viaje motivó una serie de espontáneas expresiones de apoyo y alegría por su presencia en la capital del país, que hicieron impensable la aplicación de lo dispuesto por el artículo 130 de la constitución y sus leyes reglamentarias, en materia de expresiones de culto público.
En los próximos años, la Iglesia, especialmente los líderes de la Conferencia del Episcopado Mexicano como Ernesto Corripio Ahumada, lanzaron una serie de retos a la legislación vigente en el país que culminaron en 1992. Fue entonces cuando el presidente Carlos Salinas de Gortari promovió una serie de reformas a los artículos 3, 5, 27, 28 y 130 de la Constitución, apoyadas por una abrumadora mayoría de diputados y senadores del Congreso electos por los tres principales partidos políticos de México (Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática). El siguiente paso ocurrió cuando se reanudaron, luego de más de un siglo de estar interrumpidas, las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede para dar paso, finalmente, a la promulgación de nuevas leyes reglamentarias de las relaciones Estado-iglesias.
La nueva legislación otorga personalidad jurídica a las iglesias y devolvió parcialmente los derechos políticos a los así llamados "ministros de culto", que ahora pueden votar. Sin embargo, la legislación mexicana aún desconoce el derecho de los "ministros de culto" a ser votados, además de que impone mecanismos muy restrictivos para el ingreso de personal religioso extranjero a México. La personalidad jurídica de las iglesias está limitada también en lo que hace a su capacidad para ser propietarias de bienes inmuebles y especialmente para ser propietarias u operar medios de comunicación electrónicos.
La guerra cristera dejó una huella profunda en la vida pública mexicana. En un sentido, dejó en clara la disposición de grupos de laicos dentro de la Iglesia a confrontarse con los líderes de ésta. Las autoridades civiles debieron reconocer la imposibilidad práctica del modelo de relaciones Estado-Iglesia definido por la original Constitución de 1917. Los líderes formales del catolicismo mexicano, especialmente sus obispos, fueron obligados a desarrollar estrategias autónomas de organización y financiamiento de sus actividades. Este modelo, sin paralelo en América Latina, ha hecho del catolicismo mexicano un caso atípico cuando se le compara con las experiencias del catolicismo en el resto de hispanoamérica.
Otra consecuencia clave de la guerra cristera para el futuro de México lo fue la de su contribución a la conformación de movimiento social y partido político de distinta orientación ideológica. El más importante de todos fue, durante la década de los treinta, el sinarquismo, como un movimiento social de base católica y campesina, que nutrió primero a la Unión Nacional Sinarquista, y, ya durante las décadas de los setenta y ochenta del siglo veinte, a varios partidos políticos, como el Partido Demócrata Mexicano y la Unión Nacional Opositora. Esta vertiente, sin embargo, se agotó durante los noventa para terminar fusionándose de manera informal en el Partido Acción Nacional.
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